Categoría: Cantabria

01/12/2025
Santander

La negociación de los Presupuestos Generales de Cantabria para el próximo ejercicio se ha convertido en el principal termómetro político y social de nuestra comunidad, revelando las profundas tensiones a las que se ve sometido un gobierno en minoría. El actual estancamiento no se basa en una simple disputa contable; es una crisis de gestión estratégica que amenaza con paralizar la inversión y los servicios públicos esenciales, afectando directamente al día a día de los ciudadanos.

La presidenta María José Sáenz de Buruaga (PP) enfrenta en estos momentos la prueba de fuego de su liderazgo: la obligación de gobernar con un número insuficiente de escaños. Esta debilidad aritmética ha transformado el debate presupuestario en un pulso de poder donde la oposición (principalmente PRC y PSOE) utiliza la negociación no sólo para defender sus propuestas, sino como una herramienta de desgaste y posicionamiento político.

Esta presión se intensifica debido al calendario. La falta de un acuerdo a un mes de terminar el año apunta a que esta situación desembocará en una prórroga de cuentas, un escenario que, aunque legal, condena a la administración a la inmovilidad y la ineficiencia, especialmente en áreas donde los costes (energía, personal…) han aumentado por la inflación.

Este bloqueo al que hacemos referencia se ha concentrado en determinadas áreas críticas, evidenciando las carencias del sistema autonómico y las prioridades contrapuestas de los grupos que tienen representación en el Parlamento:

A. Sanidad: las noticias sobre las listas de espera inasumibles, la saturación en Atención Primaria y la escasez de especialistas (problema agudizado en hospitales comarcales), han convertido la Sanidad en la línea roja de la oposición.

El mantenimiento del presupuesto anterior, incluso si se aumenta levemente, es insuficiente para hacer frente al aumento del gasto farmacéutico, la necesidad de contratar personal sanitario (médicos y enfermeros) y la urgencia de renovar equipos obsoletos. La prórroga paralizaría cualquier plan ambicioso para atajar el problema estructural de las mamografías o la falta de médicos en zonas rurales.

B. Fomento y ordenación del territorio: el debate ha chocado con la visión de la inversión en obra pública y vivienda. La oposición exige compromisos concretos para proyectos de infraestructura y el desarrollo de políticas de vivienda social que aborden la crisis de precios.

Una prórroga presupuestaria detiene proyectos de capital relevancia. Esto significa que los fondos destinados a nuevas carreteras, planes de regeneración urbana o, específicamente, la promoción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) se congelan. Se frena el empleo en el sector de la construcción y se desatiende la demanda de vivienda asequible, un factor clave de la estabilidad social.

C. Fiscalidad y financiación: el debate presupuestario es un reflejo de la ideología de cada partido. El gobierno busca priorizar la baja fiscalidad (reducción de impuestos) como motor de crecimiento, mientras que la oposición exige la garantía de ingresos suficientes para sostener y expandir el gasto social.

La dificultad reside en que las demandas de gasto de la oposición son incompatibles con las promesas de reducción de ingresos públicos del gobierno, creando una brecha financiera que sólo puede cerrarse con endeudamiento o con un drástico recorte en partidas no prioritarias. La falta de consenso fiscal es un obstáculo insalvable para la estabilidad presupuestaria.

La prórroga presupuestaria no puede considerarse como un simple aplazamiento; es una sentencia de inmovilidad para Cantabria, con dos consecuencias principales:

1) Parálisis de la gestión: no se pueden crear nuevas plazas de personal, ni establecer nuevos convenios o programas de inversión no previstos en las cuentas anteriores. La administración opera con un traje demasiado pequeño para las necesidades actuales de inflación y demanda social.

2) Desgaste político acelerado: para la presidenta Buruaga, el fracaso del presupuesto la expone a una vulnerabilidad constante. Cada paso de su gobierno tendrá que ser negociado ad hoc, convirtiendo la gestión diaria en una agotadora sucesión de pactos puntuales y otorgando un poder desmedido a los grupos que tienen la llave del bloqueo.

El actual estancamiento es la prueba de que la política de trincheras ya no sirve a los intereses de Cantabria. La comunidad exige un liderazgo que priorice la institución sobre el partido.

Desde Valores Cantabria hacemos un llamamiento al entendimiento y el trabajo conjunto basado en una estrategia que tiene como objetivo el bien común:

Establecimiento de un pacto de mínimos social: los grupos deberían aislar las partidas de Sanidad, Educación y Dependencia, garantizando un aumento de gasto que cubra al menos el IPC más la necesidad de nueva contratación. Estos son servicios no negociables.

Mesas técnicas de inversión estratégica: en lugar de exigir proyectos particulares, la oposición y el Gobierno deben acordar una Comisión Técnica para evaluar y priorizar proyectos de Fomento con impacto regional y plazos plurianuales, despolitizando así la inversión clave para el empleo.

Compromiso de legislatura: la única salida viable para un gobierno en minoría es un acuerdo de estabilidad de legislatura (Pacto de Mínimos) que dé certeza a los presupuestos de los próximos años. La alternancia es legítima, pero la estabilidad institucional es obligatoria.

Cantabria necesita líderes con la altura de miras suficiente para reconocer que el estancamiento presupuestario no es un arma política, sino un daño autoinfligido a la ciudadanía. El futuro de la comunidad, su capacidad para invertir, sanar y prosperar, depende de que los políticos abandonen las tácticas y asuman su responsabilidad histórica.

José Luis Tendero Ferrer

Presidente Valores Cantabria.
Secretario Nacional de Política Territorial

25/11/2015

Santander

DECLARACIÓN OFICIAL VALORES CANTABRIA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta fecha, la sociedad y la clase política no puede, ni debe, limitarse a la condena ritual y de pose.

Como sociedad, debemos sumergirnos en una realidad que cada día resulta más inquietante: la violencia se está alimentando y reconfigurando a través de la cultura digital y los patrones de conducta que son observables en una gran parte de nuestros jóvenes y adolescentes. Debemos referirnos a un fracaso social y educativo que, año tras año, se cobra vidas y aterroriza hogares.

Las estadísticas nos recuerdan la gravedad del problema en España, con decenas de mujeres asesinadas anualmente y miles de denuncias que ponen de manifiesto una amenaza que resulta cada vez más persistente. En nuestra comunidad autónoma, Cantabria, el sistema de protección opera constantemente para amparar a mujeres con órdenes de alejamiento, en muchas ocasiones ineficaces, lo que no puede sino confirmar que el terror es una realidad que no distingue entre grandes ciudades y pueblos pequeños.

Desde Valores Cantabria nos vemos en la obligación de insistir y reiterar: la violencia es violencia, venga de donde venga. No hay justificación posible para el dominio o la agresión. Pero para combatirla eficazmente, debemos poner nombre y apellidos a la raíz de la desigualdad que la genera, y que hoy encuentra un caldo de cultivo perfecto en tres esecenarios fundamentales: la inmediatez digital, las redes y hábitos de consumo sociales y la pérdida de valores en el hogar.

Nuestros adolescentes están creciendo inmersos en una cultura que socava activamente el respeto y la dignidad. La adicción a las nuevas tecnologías no es sólo un problema de cuánto tiempo se pasa delante de una pantalla; es un problema de contaminación de valores.

El acceso libre, inmediato y sin filtros de control eficaces y eficientes a contenidos pornográficos está normalizando modelos de relación basados en el dominio y la agresión, donde el consentimiento y la aceptación mutua ha pasado a ser una formalidad ausente. Esto enseña a los jóvenes que las relaciones íntimas y sexuales se basan en el poder, en el dominio, y no en el respeto y la aceptación mutua, por no hablar de la tendencia a la normalización de prácticas sexuales de riesgo o conductas sexuales inapropiadas.

Por otro lado, el auge de plataformas como OnlyFans y la proliferación de estilos de música y canciones cuyos contenidos y letras objetivizan y denigran a la mujer bajo la bandera de un falso empoderamiento femenino y el distorsionado eslogan publicitario de «Mi cuerpo, mi decisión», promueven la idea de que el cuerpo femenino es una mercancía o un arma de poder y control. Se refuerza un modelo cultural que conduce a la sexualización extrema y a la esclavitud digitalizada, donde el valor de la mujer reside en su disponibilidad, su accesibilidad y su aspecto físico.

Es en este punto donde la reflexión se vuelve incómoda, pero necesaria. El fracaso de la sociedad en contener estas formas de violencia aceptadas comienza en el hogar. La raíz de la violencia no es la pornografía per se, o una canción con una letra que, en muchos casos, resulta obscena y casi pervertida, sino la ausencia de valores fundamentales que permitan al joven discriminar lo que ve, lo que oye, lo que es sano para su desarrollo psicológico o emocional y lo que no.

Si en el núcleo familiar se transmiten roles de convivencia extremedamente rígidos; si no existe una educación emocional para gestionar la frustración sin recurrir a la ira; si se enseña al niño a controlar y no a respetar; si se aceptan pequeños gestos cotidianos que alimentan esa sensación de poder o control, estamos creando un vacío de valores que la cultura digital se encarga, por sí sola, de llenar con contenido tóxico y nocivo.

La casa, como en casi todas las circunstancias, es el cimiento, la columna vertebral de todo lo bueno, y todo lo malo. Si los padres no educan en la empatía, la corresponsabilidad y el consentimiento auténtico, el móvil y las nuevas tecnologías se convertirán en los peores maestros, proporcionando modelos de dominación que el niño o adolescente asume como normales. La crisis de la violencia en la sociedad es, ante todo, una crisis de la transmisión de valores familiares.

Por ello, el llamamiento que hacemos desde Valores Cantabria este 25N es un llamamiento a la corresponsabilidad social.

A los padres y madres, les decimos: nuestro ejemplo es la primera ley. Dejen el móvil, miren a sus hijos y enséñenles a amar y a relacionarse con respeto antes de que la pantalla les enseñe lo contrario.

A los políticos, les exigimos políticas que no solo castiguen la violencia, sino que inviertan masivamente en la educación en valores y en la salud mental para desmantelar esta cultura de dominio.

La violencia contra la mujer es un indicador de la salud moral de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad está moral y éticamente enferma. Hoy, esa salud exige un cambio radical que debe empezar en el salón de nuetra casa.

Es hora de dejar de ser cómplices pasivos y de construir hogares donde la dignidad de la persona sea el valor innegociable.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.
Secretario Nacional de Política Territorial

Santander, a 17 de Noviembre de 2025.

El foco principal de la Ley 4/2022 de Regulación del Juego de Cantabria es la protección de la juventud, dada la dramática escalada en la participación de adolescentes en actividades de azar, impulsada especialmente por el juego online y las casas de apuestas.

Este análisis se centra en la vulnerabilidad juvenil, la penetración del juego en internet y las dificultades para controlar este fenómeno.

Si bien la ley de Cantabria se enfoca en regular los locales físicos, la realidad es que el mayor riesgo para la juventud reside en el juego online, accesible desde cualquier dispositivo móvil o tablet, lo que borra las barreras de los 500 metros impuestas a los salones.

Algunos datos clave extrapolables a Cantabria sobre juego online son demoledores. Según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), el 15,4% de los estudiantes de 14 a 18 años ha jugado dinero online en los últimos 12 meses. Este porcentaje se dispara entre los varones de 17 y 18 años, la población de mayor riesgo.

Los juegos online más populares entre adolescentes son las apuestas deportivas y los juegos de cartas o de casino, a pesar de estar prohibidos para menores. La edad media de inicio en el juego con dinero es de 14,5 años. Para el juego online, es ligeramente posterior, pero igualmente alarmante, con muchos jóvenes accediendo antes de la mayoría de edad. El problema radica en que el juego online permite una inmediatez, una frecuencia y un anonimato que los locales físicos no ofrecen, facilitando el desarrollo rápido de conductas adictivas.

La Ley de Cantabria, como el resto de las leyes autonómicas, tiene una capacidad limitada para controlar el juego online, cuya regulación principal recae en la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) a nivel estatal. Aun así, las dificultades clave para proteger a los menores de edad son:

• Los sistemas de verificación de identidad de las plataformas online, cuando existen, (mediante DNI/NIE) son a menudo fácilmente evadibles por menores que usan documentos de adultos (padres, hermanos) con consentimiento o mediante ingeniería social.
• El juego online está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, sin la restricción de horarios de los locales físicos. Favorece el aislamiento social y la rápida escalada de la adicción.
• La publicidad, aunque regulada, sigue siendo ubicua en redes sociales y plataformas de streaming (Twitch, YouTube), dirigida a un público joven a través de influencers y contenidos atractivos. Normaliza la práctica del juego como una forma de ocio o fuente de ingresos.
• Las denominadas «Cajas de Botín» (Loot Boxes). Existe un área gris en videojuegos donde los mecanismos de azar (cajas de botín) imitan la mecánica de las apuestas. La ley de Cantabria no puede legislar sobre esto. Constituye una puerta de entrada a las apuestas reales, acostumbrando al menor al ciclo de inversión-recompensa.

La ludopatía está considerada como una enfermedad (Trastorno del Juego) y sus cifras en Cantabria, influenciadas por el entorno digital, son críticas.
Entre la población escolar de 15 a 19 años, el 8,5% de los estudiantes presenta ya síntomas de adicción al juego, una cifra que refleja tanto el juego presencial como el online.
El 0,9% de estos jóvenes padece ya un trastorno clínico. Un 7,5% adicional muestra patrones de juego arriesgado que pueden derivar en adicción.

A principios de 2023, la comunidad contaba con más de 538 personas inscritas en el Registro de Prohibidos (que incluye tanto el juego presencial como el online). La mayoría son varones, y la edad media de inicio en el juego problemático ha disminuido con la aparición de las apuestas deportivas online.

La Ley del Juego de Cantabria es un paso necesario para proteger los entornos cercanos a los menores (500 metros), pero es insuficiente para frenar la marea del juego online, el verdadero desafío de salud pública para la juventud.

El impacto sobre la juventud supone un doble riesgo: por un lado, la normalización del juego mediante publicidad digital y por otro la facilidad de acceso a plataformas no reguladas o con verificación laxa. Estos dos factores obligan a las instituciones a ir más allá de la regulación de locales físicos, centrándose en la prevención educativa y la detección precoz del problema en los centros escolares.

La preocupación social y los datos alarmantes sobre ludopatía juvenil en Cantabria han impulsado a la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades a actuar directamente en el ámbito escolar, reconociendo que la ley física es insuficiente contra el riesgo digital.

El Gobierno de Cantabria, en colaboración con ONG especializadas como Proyecto Hombre Cantabria y AMAT (Afrontando Adicciones), ha desarrollado e implementado programas específicos de prevención de adicciones en el ámbito escolar, priorizando la ludopatía y el uso inadecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El Plan de Prevención de Adicciones en el Ámbito Escolar contempla diversos programas que abordan las adicciones, incluyendo el juego de azar y el uso problemático de la tecnología, dirigidos a diferentes niveles educativos. Entre otros, pdoemos destacar los siguientes:

1. Programa LUDENS: Prevención Selectiva del Juego de Azar, que tiene por objetivo informar, sensibilizar y recomendar pautas de acción para prevenir la adicción al juego de azar.
2. Programas de Prevención de Adicciones Tecnológicas (TICs), reconociendo el vínculo entre el uso problemático de pantallas (móviles, tabletas) y el riesgo de ludopatía online y a videojuegos.
3. Catálogo General de Prevención de Adicciones, publicado anualmente por el gobierno y que los centros (colegios, institutos y centros de Formación Profesional) pueden solicitar.

La Ley del Juego de 2022 y estos programas escolares demuestran la voluntad política de Cantabria para abordar la adicción como un problema de salud pública y educación. Sin embargo, existen importantes desafíos que deben ser enfrentados:

• Coordinación Familia-Escuela: Los programas también buscan llegar a las familias de jóvenes y adolescentes, ya que la prevención más efectiva requiere una acción conjunta de todos los entornos.
• Limitación Regional: Aunque la educación es una competencia autonómica, la regulación del juego online sigue siendo estatal, lo que limita la capacidad del Gobierno de Cantabria para aplicar medidas de control directo sobre las plataformas digitales.
• Financiación: Existe un debate (reflejado en algunas críticas políticas) sobre si la dependencia de la recaudación fiscal del juego y la posible colaboración con el sector puedan entrar en conflicto con la máxima eficacia de los programas de prevención.

En conclusión, Cantabria está atacando la ludopatía juvenil en dos frentes: el regulatorio (Ley 4/2022 para el juego físico) y el preventivo-educativo (Programas como LUDENS para contrarrestar la exposición y vulnerabilidad, especialmente ante el juego digital).

Desgraciadamente, los datos estadísticos y la realidad social indican que este ataque no está siendo ni efectivo, ni eficiente. Los índices de ludopatía entre los menores de edad son realmente preocupantes, la desconexión entre las familias y los menores, y entre éstos y la comunidad educativa es más que palpable, y las consecuencias de esta situación están siendo, y van a ser en un futuro no muy lejano, graves e imprevisibles. Es necesario, y casi obliglatorio, hacer una reflexión profunda a nivel social, familiar y político, que vaya mucho más allá de las palabras vacías y sin sentido pero bien adornadas
Estamos asistiendo a un alarmante abandono de principios y una preocupante pérdida de valores que se filtra desde el hemiciclo hasta el ayuntamiento más pequeño. Cuando el oportunismo y el interés partidista priman sobre el servicio público, la distancia entre el político y el ciudadano se vuelve inmensa.

Este llamamiento hoy es, y debe ser, doble.

A la clase política: dejen de debatir solo sobre la legalidad del metro y centren sus esfuerzos en la salud del menor. Cumplan los compromisos de realizar planes de prevención reales y de evaluar las políticas con rigor. La salud mental de un joven no puede ser menos importante que la tasa de una máquina recreativa.

Y a ustedes, padres y madres: somos la última línea de defensa. No podemos esperar a que la política resuelva este problema. Vigilen el uso de pantallas, pregunten sin miedo sobre las apuestas online, y si notan el menor indicio de un cambio de comportamiento o la necesidad constante de dinero, actúen de inmediato.

No permitamos que el juego se convierta en la ruleta rusa de nuestra juventud. Exijamos protección y actuemos en casa.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.
Secretario Nacional de Política Territorial

04/11/2025
Santander

«Con el tema de Villa Mercedes, hemos hecho el ridículo«. Así calificaba don Pedro Diego, portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Laredo el inmenso despropósito que ha supuesto todo lo relacionado con el derribo del edificio de Villa Mercedes, patrimonio del municipio pejino.

Que la política española atraviesa una profunda crisis de confianza marcada por la falta de coherencia, la pérdida de valores y el abandono de principios es algo que no debería de sorprender a nadie a estas alturas del partido. Pero esta erosión no es exclusiva de las grandes esferas, sino que permea todos los niveles de la administración, desde el Congreso de los Diputados hasta el ayuntamiento más pequeño. Cuando el oportunismo electoral y el interés partidista priman sobre el servicio público, la distancia entre la clase política y la ciudadanía se vuelve abismal.

Cantabria, a menudo percibida como un oasis de estabilidad, refleja perfectamente esta falta de coherencia en la gestión autonómica.

En sanidad, la Consejería es un foco constante de controversia. A pesar de las promesas de mejorar la atención y reducir las listas de espera, la realidad muestra la incapacidad de gestión ante la falta de médicos en Atención Primaria y hospitales comarcales. La polémica con los retrasos en los informes de mamografías es un ejemplo doloroso de cómo la mala gestión o la falta de previsión en los recursos técnicos comprometen directamente la salud de miles de mujeres. La defensa de la sanidad pública, un principio esencial, se debilita con la ineficacia.

La Consejería de Educación también se ha visto salpicada por la ineficacia en abordar problemas estructurales. A la incapacidad de solucionar la brecha surgida entre los profesores y la administración, los casos de acoso escolar, evidenciados en las noticias de este año, sugieren un fracaso en la aplicación de protocolos y la falta de inversión en salud mental y recursos de apoyo. El principio de proteger a la infancia y garantizar un entorno seguro para nuestros hijos e hijas se ve comprometido cuando la respuesta política es reactiva y no preventiva.

La Consejería de Fomento no se libra de la quema y enfrenta el dilema de la coherencia en el modelo de desarrollo. Los debates sobre grandes proyectos, como la planta de Biogas de Hazas de Cesto, y la gestión del suelo, como el polémico PSIR en Laredo, confrontan la necesidad de desarrollo con el principio de protección medioambiental y el derecho a la propiedad. La falta de un plan coherente que defina un modelo de Cantabria a largo plazo provoca inseguridad jurídica y social.

Esta inestabilidad se magnifica en el ámbito local, donde la política se vuelve más personal y, a veces, más volátil. En municipios como Ramales de la Victoria, Laredo o Noja, los problemas políticos se centran en la dificultad para mantener la estabilidad gubernamental, en la constante ruptura de acuerdos y en la sospecha de que los intereses particulares priman sobre los vecinales. La pérdida de la lealtad y el valor del compromiso en la política municipal se traduce en parálisis administrativa, perjudicando la gestión diaria y el bienestar de los vecinos. De mientras, algunos de sus representantes se encuentran más preocupados por grabarse vídeos para Tik Tok o Instagram que practicar la coherencia y el buen hacer en aquellas funciones que les han sido delegadas por la propia ciudadanía.

Desde la perspectiva del humanismo cristiano, esta crisis de coherencia y valores es, en el fondo, una crisis moral. La política, entendida como el arte de buscar el bien común, exige que el servidor público se rija por principios innegociables:

La dignidad de la persona: esto es: poner a la persona (el paciente, el alumno, el vecino) en el centro de toda decisión.

La verdad y la coherencia: honrar la palabra dada y mantener la misma postura independientemente de si se está en el gobierno o en la oposición. La doble moral («Donde dije digo, digo Diego») es una afrenta a la verdad.

El servicio humilde: concebir el poder no como un privilegio, sino como una herramienta para el servicio.

La calidad del gobierno que se tiene es, en última instancia, un reflejo de la calidad de los valores que la sociedad exige y tolera.

Por eso, desde Valores Cantabria hacemos un llamado a la clase política a la rectificación y a la valentía ética. Es hora de que los líderes recuperen los principios fundamentales de la honestidad, la transparencia y el servicio.

Pero también hacemos un llamado a la sociedad para que no caiga en el cinismo. La indiferencia es el caldo de cultivo de la corrupción y la incoherencia. Exigir coherencia, integridad y principios a nuestros representantes es el primer paso para construir una política que realmente esté a la altura de las necesidades y la dignidad del pueblo cántabro y español.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria

Secretario Nacional de Política Territorial

03/10/2025
Santander

Valores Cantabria desea alzar nuevamente la voz para denunciar uno de los ejercicios de hipocresía política (uno más, si cabe) más cínicos de lo que llevamos de legislatura en el Ayuntamiento de Laredo. La posición adoptada por la portavoz del partido Hacemos Laredo, doña Rosalina Visitación, sobre el actual proyecto del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) en Laredo, no es sólo un cambio de postura, sino una traición a la memoria histórica y un insulto a la inteligencia de los vecinos, solamente comparable a la entrevista que realizó a finales del año 2023 para un canal de Youtube del municipio y en la cual mostraba su clara y contundente oposición y la de su partido a la figura personal y política de don Miguel González, del Partido Popular, nombrado alcalde del ayuntamiento pejino, y en la cual aseguraba que era una decisión de partido mantenerse en la oposición sea cual fuera la propuesta que se le hiciera, y que quedó en entredicho cuando apenas dos meses después, a principios del año 2024, se celebraba el pacto de gobierno entre Hacemos Laredo y el Partido Popular de Laredo, así como su nombramiento como nueva concejala del consistorio.

Ayer, 2 de octubre de 2025, los medios de comunicación locales y las redes sociales se hacían eco de una declaración de Hacemos Laredo en la cual la señora Visitación se presentaba como defensora de los vecinos de Laredo y Colindres afectados por el PSIR, posicionándose en contra de un proyecto que amenaza sus terrenos y el entorno rural. Una postura que, en principio, podría parecer encomiable, si no fuera por el alarmante olvido de sus propios antecedentes políticos.

El archivo de la infamia puede consultarse en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Laredo y nos remonta al 28 de Junio de 2018. En la sesión del pleno que tuvo lugar aquel día, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), por medio de su portavoz, don Pedro Diego Hoyo, presentó una moción directamente vinculada al desarrollo del PSIR en el municipio, registrada 3 días antes, el día 25 de Junio, y en la que se solicitaba la declaración de PSIR para el nuevo polígono industrial, con un proyecto que abarcaba una estimación de 520.000 m2 de extensión.

El acta de aquel pleno deja clara la evidencia: Doña Rosalina Visitación, en aquel entonces miembro del PSOE, apoyó expresamente aquella iniciativa. No solamente ella. Dicha moción fue aprobada por unanimidad, con el voto a favor de todos los partidos representados en el ayuntamiento, a saber: PSOE (5 concejales), PRC (3 concejales), Si Se Puede Laredo (2 concejales), Partido Popular (5 concejales), Izquierda Unida (2 concejales)

Esto no es un cambio de opinión, quizá motivado por el cambio de siglas políticas; es una doble moral insostenible.

En 2018, la señora Visitación votaba y apoyaba las medidas que allanaban el camino para la implantación del PSIR.

En 2025, con el proyecto ya en marcha y la maquinaria de la expropiación activada, se erige como la defensora de los damnificados.

Este tipo de política errática y oportunista es lo que distancia a los ciudadanos de sus representantes. La excusa de que «las circunstancias han cambiado» no es válida. El concepto de PSIR, con su potencial para recalificar suelo rústico y expropiar, era el mismo entonces que ahora. Lo que ha cambiado es la necesidad de ganar réditos electorales a costa del sufrimiento de los vecinos.

Denunciamos la falta de honradez de quienes pretenden borrar con declaraciones públicas las decisiones tomadas en el pasado. Es el claro ejemplo de un político al que se le aplica el refrán con toda su crudeza: «Donde dije digo, digo Diego».

La política debe basarse en la coherencia y el respeto a la palabra dada. Exigimos a Doña Rosalina Visitación, y por extensión a Hacemos Laredo, que asuman la responsabilidad histórica de sus votos, dejen de lado la hipocresía y expliquen a los vecinos por qué apoyaron en 2018 lo mismo que hoy denuncian. La memoria histórica, en este caso, se encuentra en las actas del pleno.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

Santander, 22/’9/2025

Como cada 23 de septiembre, desde Valores alzamos la voz en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas para condenar esta forma de esclavitud moderna que avergüenza a nuestra sociedad. No es sólo un crimen, es una afrenta a la dignidad humana que exige un compromiso firme y una acción decidida.

España no vive ajena a esta realidad. Según datos del Ministerio del Interior, miles de personas, en su mayoría mujeres y niñas, son víctimas de la trata y la explotación, datos a los cuales las Naciones Unidas suman las cifras globales de un macronegocio que mueve anualmente miles de millones de euros.

Ante esta cruda realidad, nos duele profundamente el silencio cómplice que ha caracterizado el debate político. La trata no ha ocupado el lugar central que merece en la agenda pública, y ese silencio no es inocente. A menudo, como por desgracia hemos podido comprobar recientemente, está vinculado a la corrupción y al abuso de poder que se esconde en las altas esferas de gobierno. La falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y en la aplicación de la ley permiten que las redes de trata operen con total impunidad. Es un círculo vicioso en el que la falta de voluntad política para combatir la corrupción se traduce en su incapacidad de proteger a los más vulnerables.

Las causas de la explotación son multifactoriales: la pobreza extrema, la desigualdad social y la vulnerabilidad de los inmigrantes y refugiados son el caldo de cultivo perfecto. A nivel europeo, la situación es igualmente grave. Los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de Eurojust confirman que es un problema transfronterizo que afecta a todos los países miembros, tanto como destino final como de tránsito.

Las consecuencias para las víctimas son devastadoras: traumas físicos y psicológicos, enfermedades, estigmatización y la pérdida total de la libertad y la autoestima. Para nuestra sociedad, la trata de personas es una herida que nos deshumaniza a todos, mostrando nuestra incapacidad para proteger a los más vulnerables.

Desde Valores hacemos un enérgico llamado a la clase política y a la sociedad en general para combatir esta lacra. La visión del humanismo cristiano nos exige una respuesta inquebrantable. Cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, posee una dignidad intrínseca e inalienable. La trata de personas niega radicalmente esta verdad, transformando a una persona en una mercancía. Este valor fundamental nos obliga a la compasión por el vulnerable y a la solidaridad activa, a ver en cada víctima a un hermano o hermana que clama por justicia. La coherencia entre nuestros principios y nuestras acciones es un imperativo moral.

A la clase política, exigimos un compromiso real y una acción valiente. Es imperativo que se refuerce la legislación, se aumenten los recursos para la persecución de las redes criminales y se garantice la protección integral de las víctimas. La Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben contar con todo el apoyo necesario. Además, la lucha contra la trata debe ir de la mano de una batalla frontal contra la corrupción que permite su existencia.

A la sociedad en general, le recordarmos que no podemos ser meros espectadores. Debemos romper el silencio, educar sobre el problema y fomentar una cultura de denuncia. Es fundamental apoyar a las organizaciones que trabajan en la primera línea de la lucha contra la trata, y ejercer nuestro poder como ciudadanos para exigir transparencia y honestidad a nuestros líderes.

Combatir la trata de personas no es una opción, es un imperativo moral. Es hora de que España, con su clase política y su sociedad unidas, demuestre que la dignidad de cada persona es un valor innegociable.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

15/09/2025
Santander

El debate que ha surgido en las últimas semanas en torno al Plan Singular de Interés Regional (PSIR) en Laredo es más que una simple disputa local; es un reflejo de los desafíos complejos que enfrentamos en Cantabria para equilibrar el desarrollo económico con la protección de nuestro entorno y el bienestar de nuestros ciudadanos. La propuesta de recalificar suelo rústico a industrial para la implantación de una macro zona (más de 500 mil metros cuadrados, 0,50 kilómetros cuadrados, cuando el propio municipio de Laredo, ocupa 15,7 kilómetros cuadrados) de naves industriales, supone un punto de inflexión que nos debe invitar a la reflexión y, sobre todo, a la búsqueda de soluciones consensuadas.

El contexto de este PSIR no puede entenderse sin considerar la larga y conflictiva historia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laredo. Los intentos de aprobar un PGOU han estado marcados por la controversia, la especulación urbanística y la desconfianza de los vecinos. Este nuevo plan, que busca una vía rápida para la implantación industrial, corre el riesgo de repetir errores pasados, generando, como es lógico, incertidumbre, temor y, por supuesto, rechazo en la población. Por ello, la prioridad debe ser el diálogo con los propietarios afectados, escuchando sus preocupaciones y asegurando que sus derechos y propiedades sean respetados.

Por otro lado, las dudas en torno a la gestión de la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), que ha estado implicada en proyectos similares, nos recuerdan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Los vecinos temen la expropiación de sus terrenos para ser vendidos a un precio bajo, lo que resultaría en una injusta pérdida patrimonial. Este miedo es comprensible y debe ser abordado con garantías claras para no convertir la expropiación en expoliación.

Le pese a quien le pese, el modelo de desarrollo de Laredo se ha basado, especialmente en las últimas décadas, en el turismo, la belleza de su entorno y la calidad de vida que ofrece. La implantación masiva de naves industriales, con la consiguiente alteración del paisaje, el aumento del tráfico pesado y la potencial contaminación, podría comprometer la esencia misma del municipio. No se trata de oponerse al desarrollo empresarial e industrial en la zona, sino de proteger lo que hace a Laredo único. El suelo rústico no es un mero espacio vacío; es un recurso vital para la biodiversidad, la agricultura local y la salud del ecosistema.

Por otra parte, no se debe olvidar que en no pocas ocasiones, planes que prometían una gran generación de empleo y riqueza para un municipio no han cumplido ni de lejos sus objetivos, pero sus efectos se sufren y se sufrirán durante largo tiempo.

Para los vecinos el impacto será directo. La expropiación forzosa de sus terrenos causaría un profundo desarraigo emocional y financiero. Además, la proximidad de la actividad industrial afectaría negativamente su calidad de vida y el valor de sus propiedades. No debe ignorarse el hecho de que una de las posibles consecuencias de la recalificación de suelo rústico a industrial es, precisamente, la pérdida de valor del terreno recalificado.

En lo que refiere al medio ambiente, la conversión de suelo rústico a industrial es irreversible. Cemento y asfalto sellarán el terreno, fragmentando hábitats naturales y exponiendo el ecosistema a riesgos de contaminación.

Económicamente, y como ya se ha apuntado, se corre el riesgo de sacrificar un modelo económico turístico probado y de bajo impacto por una industria que podría no generar el empleo de alta calidad esperado ni integrarse en el tejido social existente.

Desde Valores creemos firmemente que existen soluciones más inteligentes, sostenibles y justas que el actual PSIR. El objetivo debe ser generar prosperidad económica y empresarial, sin destruir el patrimonio existente. Para ello, proponemos diversas alternativas que podrían estudiarse:

Reutilización del suelo industrial existente: en lugar de consumir suelo rústico virgen, es más eficaz y sostenible buscar la revitalización de zonas industriales ya degradadas en Cantabria, y existentes en el propio municipio de Laredo. Ejemplos en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, demuestran la viabilidad de la regeneración de polígonos industriales en declive. La inversión en estas áreas puede generar empleo y revitalizar infraestructuras sin causar daños adicionales al medio ambiente.

Modelos de consenso y participación: para cualquier futuro desarrollo, proponemos la creación de mesas de diálogo con los vecinos para explorar opciones como las asociaciones o cooperativas de propietarios. Esto permitiría a los dueños de los terrenos ser parte del proyecto y compartir los beneficios, en lugar de ser meros afectados por la expropiación. Es un modelo de desarrollo participativo que empodera a la ciudadanía.

Apuesta por un desarrollo coherente con el modelo de Laredo: el futuro económico de Laredo puede y debe ser compatible con su identidad. Esto implica fortalecer los sectores del turismo de calidad, la gastronomía y el comercio local. La inversión en la modernización de infraestructuras turísticas, la promoción de productos locales y el fomento de un turismo sostenible y de bajo impacto son caminos probados para generar riqueza y empleo de forma armónica con el entorno.

En conclusión, el camino a seguir no es la confrontación, sino la construcción de puentes. Hacemos un llamado a todas las partes implicadas a abandonar las posturas rígidas y a trabajar juntas por un futuro para Laredo que sea próspero, justo y, sobre todo, respetuoso con su gente y con su tierra. La grandeza de una sociedad se mide en su capacidad para encontrar soluciones que beneficien a todos, sin dejar a nadie atrás.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

18/08/2025
Santander

Los incendios forestales que están devastando la provincia de Palencia no son sólo una catástrofe natural, sino una (nueva) trágica manifestación de la falta de organización y coordinación entre las administraciones públicas en España. Mientras las llamas consumen diariamente hectáreas de bosque y, lo que es peor, siguen poniendo en jaque vidas humanas y, de paso, llevándose alguna por el camino, la sociedad es testigo, una vez más, de un lamentable, bochornoso y embarazoso espectáculo político: el juego de culpas, en este caso entre el gobierno autonómico de Castilla y León y el gobierno central. Este comportamiento, más propio de niños de guardería que de representantes políticos de la ciudadanía española, lejos de ofrecer soluciones, no hace sino agravar una crisis institucional, ética, moral y social, desviando la atención, como ocurre por desgracia habitualmente, de aquello que es en verdad relevante.

Cuando se produce una situación de emergencia nacional, la prioridad absoluta debería ser la protección de la ciudadanía y, en el caso de los incendios de Palencia, la extinción del fuego. Sin embargo, en lugar de un frente común, contemplamos a cómo nuestros líderes políticos se dedican a pasarse la pelota los unos a los otros como cuando de niños jugábamos a «balón quemado«, tratando de evitar que la pelota de la responsabilidad de la gestión y de la prevención les dé de lleno, no vaya a ser que haya que asumir algún tipo de responsabilidad o, lo que sería peor, no vaya a ser que partidos de distintos colores tengan que trabajar juntos por un bien común y pierdan votos entre sus simpatizantes. Al igual que hace un año ocurrió con la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana, y la provincia de Albacete, entre otras, mientras Palencia arde se discute quién activó la alerta, quién llegó tarde o quién tiene la responsabilidad legal… Y tras los focos, en silencio, sin quejarse, y poniendo su vida en juego día a tras día, los equipos de bomberos, las brigadas forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME) están en primera línea de batalla, haciendo lo que tienen que hacer: su trabajo sobre el terreno. Esta actitud no solo es irresponsable, sino que denota una profunda falta de liderazgo y empatía. La vida humana no puede ser objeto de disputa partidista. La sociedad no pide excusas ni repartos de culpa: exige acción coordinada, eficacia y soluciones.

En medio de esta desorganización política, es vital destacar el trabajo heroico y desinteresado de los equipos de extinción y ayuda humanitaria. Los bomberos, los agentes medioambientales y la UME están demostrado, una vez más, una profesionalidad, una valentía y una dedicación extraordinarias. Son los verdaderos héroes de esta historia, los que luchan sin importar el color político del uniforme o la bandera que les ha tocado defender.

Asímismo, y como no podía ser de otra manera, la respuesta de la ciudadanía está siendo un faro de esperanza. La solidaridad ha florecido entre los pueblos afectados y entre quienes, desde fuera, se han movilizado para ofrecer ayuda, recursos y apoyo. España ha demostrado, como siempre, que su cohesión y su capacidad de respuesta son mucho mayores que las de sus líderes políticos.

Esta tragedia nos obliga a una profunda reflexión política. ¿Por qué en un país tan avanzado como España, con recursos y tecnología, no existe un protocolo de emergencia único y eficaz que trascienda las fronteras autonómicas? La descoordinación es un problema sistémico que debe ser abordado con seriedad, y no con retórica.

En el futuro, la política debe dejar de lado las trincheras ideológicas para construir un verdadero sistema nacional de prevención y extinción de incendios. Esto implica una planificación a largo plazo, que no sólo se centre en la respuesta, sino en la gestión forestal, la prevención y la inversión en los equipos humanos y materiales. La coordinación entre los gobiernos autonómicos y el Estado no debe ser opcional, sino un imperativo.

En definitiva, los incendios de Palencia son un doloroso recordatorio de que, en política, el bienestar de la gente debe estar siempre por encima de cualquier interés partidista. El debate político no puede ser una cortina de humo que tape las carencias de gestión. Honrar a las víctimas y a los héroes de esta tragedia significa aprender de los errores y comprometernos a construir un sistema que garantice que nunca más la descoordinación política ponga en riesgo la vida de nadie.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

14/08/2025
Santander

El domingo 10 de Agosto, con motivo de la celebración de las fiestas de San Justo y Pastor, la localidad palentina de Buenavista de Valdavia rindió un sentido homenaje a las Fuerzas Armadas, reconociendo su labor y compromiso con el servicio y la defensa de España y de la sociedad española.

Durante el acto, el presidente de Valores Cantabria, José Luis Tendero, y la presidenta de Valores Castilla y León, Sofía Muñoz, que también asistió al acto en representación de Valores, tuvieron un recordatorio especial para la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español, U.M.E, haciendo entrega de una placa grabada en cristal en agradecimiento por su actuación durante la tragedia de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana, y afectó también a la provincia de Albacete y Murcia, entre otras, en Octubre de 2024.

En su discurso de agradecimiento y homenaje a las Fuerzas Armadas y a la U.M.E, Tendero, recién nombrado Secretario Nacional de Territorial de Valores, destacó la labor de «una institución que encarna como pocas en este país el servicio y la entrega desinteresada».
En un día en el que personalidades de diferentes ámbitos se dieron cita en la sede de la Asociación de Vecinos de Buenavista de Valdavia, se recordó que los hombres y mujeres del Ejército son testimonio de una «vida dedicada a servir a una sociedad y a un país» que recuerda a la ciudadanía «la profunda capacidad del ser humano para la solidaridad y para el amor al prójimo».
«Vosotros no sois solamente soldados, no sois solamente militares.. Sois nuestros ángeles de la guarda«, sentenció.

Al acto, en el que fueron homenajeados también distintas personalidades del ámbito asociativo y político, acudieron representantes del Ejército Español destinados en la Base Aérea de Villanubla que recogieron los distintos reconocimientos, alcades de diferentes municipios de Palencia y Cantabria, presidentes y miembros de distintas agrupaciones sociales de Castilla y León, y representantes de diferentes formaciones políticas.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

30/07/2025
Santander

La soberanía alimentaria es mucho más que la capacidad de un país para producir sus propios alimentos; es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando la producción local sostenible para alimentar a sus comunidades, con respeto por la diversidad cultural y ecológica. En España, un país con una rica tradición agrícola y ganadera, este concepto adquiere una relevancia fundamental en el actual contexto político y económico, especialmente ante las recientes decisiones a nivel europeo.

Históricamente, España ha sido una potencia agroalimentaria, con un sector primario que no solo garantiza nuestro abastecimiento, sino que también vertebra el mundo rural, preserva el medio ambiente y contribuye significativamente a nuestra balanza comercial. Sin embargo, la Política Agraria Común (PAC), el instrumento clave de la Unión Europea para el sector, está siendo objeto de reformas y recortes que amenazan directamente esta soberanía y la viabilidad de nuestro campo.

Recientemente, hemos asistido a propuestas de recortes significativos en el presupuesto de la PAC, que podrían oscilar entre un 15% y un 30% para el próximo marco financiero plurianual (2028-2034). Estas medidas, impulsadas en gran medida por la corriente de austeridad y reorientación presupuestaria que ha encontrado eco en el Partido Popular Europeo (PPE), tienen un impacto directo y preocupante en el sector agrícola y alimentario español:

Reducción de ayudas directas: España es uno de los principales receptores de fondos de la PAC. Un recorte de esta magnitud significará menos ayudas directas para agricultores y ganaderos, especialmente para las explotaciones familiares y las pequeñas y medianas empresas agrarias, que son el motor de nuestro medio rural. Esto pone en riesgo su rentabilidad y su capacidad para invertir en sostenibilidad o innovación.

Aumento de la dependencia exterior: al debilitar la producción local, estos recortes fomentan una mayor dependencia de las importaciones de alimentos de terceros países. Muchos de estos países tienen estándares de producción, laborales y ambientales mucho más laxos que los exigidos en la UE, lo que crea una competencia desleal y pone en riesgo la calidad y seguridad alimentaria de los consumidores europeos. Esto es un ataque directo a la soberanía alimentaria.

Encubrimiento de la sostenibilidad: aunque se argumenta que los recortes buscan una mayor «eficiencia», la realidad es que pueden socavar los objetivos de sostenibilidad ambiental. Menos financiación significa menos capacidad para que los agricultores implementen prácticas más ecológicas o se adapten al cambio climático, contradiciendo los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Despoblación rural y relevo generacional: la falta de rentabilidad y las incertidumbres económicas empujan a muchos jóvenes a abandonar el campo, agravando el problema de la despoblación rural. Si el sector primario no es atractivo ni sostenible, el relevo generacional se vuelve inviable, poniendo en peligro no solo la producción de alimentos, sino también la custodia del territorio y el mantenimiento de paisajes culturales únicos.

Presión sobre los precios para el consumidor: paradójicamente, el debilitamiento de la producción interna y la mayor dependencia de las importaciones pueden generar inestabilidad en los precios y, a la larga, un encarecimiento de la cesta de la compra para los consumidores españoles, ya que se reduce la capacidad de amortiguación de shocks externos y aumenta el poder de los grandes distribuidores e intermediarios.

La posición del Partido Popular Europeo, aunque busca priorizar la competitividad y la defensa, en la práctica, parece sacrificar la agricultura y el desarrollo regional. Es un dilema político crucial: ¿Es la política agraria un mero subsidio o es una inversión estratégica en nuestra soberanía, en nuestra seguridad y en la cohesión territorial?

Desde una perspectiva de soberanía alimentaria, la respuesta es clara: es una inversión estratégica. Una política agraria que garantice la producción local, justa y sostenible es un pilar de la autonomía nacional y regional. No podemos delegar nuestra alimentación en mercados volátiles o en productores que no respetan nuestros estándares éticos, sociales y ambientales.

Para España, la defensa de la PAC y de una financiación adecuada para su sector primario es una cuestión de Estado. Implica exigir en Bruselas un presupuesto que reconozca el valor multifuncional de la agricultura, más allá de la mera producción de commodities. Significa también implementar políticas nacionales que complementen y fortalezcan al sector, desde el fomento del relevo generacional hasta la mejora de la cadena de valor para que los agricultores reciban un precio justo por su trabajo.

En un mundo cada vez más interconectado y, a la vez, propenso a las crisis (pandemias, conflictos geopolíticos…), la soberanía alimentaria se revela como una cuestión de seguridad nacional. Depender excesivamente de terceros países para nuestra alimentación no sólo es económicamente arriesgado, sino también políticamente ingenuo.

El debate sobre los recortes de la PAC es, en esencia, un debate sobre el futuro de nuestro campo, de nuestros pueblos y de nuestra capacidad para decidir qué comemos y cómo lo producimos. Es un llamado a que los líderes políticos españoles, independientemente de su adscripción europea, defiendan con firmeza los intereses de un sector vital que no solo nos alimenta, sino que también nos define como país. La soberanía alimentaria no es un lujo; es una necesidad democrática.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.