Categoría: Cantabria

04/11/2025
Santander

«Con el tema de Villa Mercedes, hemos hecho el ridículo«. Así calificaba don Pedro Diego, portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Laredo el inmenso despropósito que ha supuesto todo lo relacionado con el derribo del edificio de Villa Mercedes, patrimonio del municipio pejino.

Que la política española atraviesa una profunda crisis de confianza marcada por la falta de coherencia, la pérdida de valores y el abandono de principios es algo que no debería de sorprender a nadie a estas alturas del partido. Pero esta erosión no es exclusiva de las grandes esferas, sino que permea todos los niveles de la administración, desde el Congreso de los Diputados hasta el ayuntamiento más pequeño. Cuando el oportunismo electoral y el interés partidista priman sobre el servicio público, la distancia entre la clase política y la ciudadanía se vuelve abismal.

Cantabria, a menudo percibida como un oasis de estabilidad, refleja perfectamente esta falta de coherencia en la gestión autonómica.

En sanidad, la Consejería es un foco constante de controversia. A pesar de las promesas de mejorar la atención y reducir las listas de espera, la realidad muestra la incapacidad de gestión ante la falta de médicos en Atención Primaria y hospitales comarcales. La polémica con los retrasos en los informes de mamografías es un ejemplo doloroso de cómo la mala gestión o la falta de previsión en los recursos técnicos comprometen directamente la salud de miles de mujeres. La defensa de la sanidad pública, un principio esencial, se debilita con la ineficacia.

La Consejería de Educación también se ha visto salpicada por la ineficacia en abordar problemas estructurales. A la incapacidad de solucionar la brecha surgida entre los profesores y la administración, los casos de acoso escolar, evidenciados en las noticias de este año, sugieren un fracaso en la aplicación de protocolos y la falta de inversión en salud mental y recursos de apoyo. El principio de proteger a la infancia y garantizar un entorno seguro para nuestros hijos e hijas se ve comprometido cuando la respuesta política es reactiva y no preventiva.

La Consejería de Fomento no se libra de la quema y enfrenta el dilema de la coherencia en el modelo de desarrollo. Los debates sobre grandes proyectos, como la planta de Biogas de Hazas de Cesto, y la gestión del suelo, como el polémico PSIR en Laredo, confrontan la necesidad de desarrollo con el principio de protección medioambiental y el derecho a la propiedad. La falta de un plan coherente que defina un modelo de Cantabria a largo plazo provoca inseguridad jurídica y social.

Esta inestabilidad se magnifica en el ámbito local, donde la política se vuelve más personal y, a veces, más volátil. En municipios como Ramales de la Victoria, Laredo o Noja, los problemas políticos se centran en la dificultad para mantener la estabilidad gubernamental, en la constante ruptura de acuerdos y en la sospecha de que los intereses particulares priman sobre los vecinales. La pérdida de la lealtad y el valor del compromiso en la política municipal se traduce en parálisis administrativa, perjudicando la gestión diaria y el bienestar de los vecinos. De mientras, algunos de sus representantes se encuentran más preocupados por grabarse vídeos para Tik Tok o Instagram que practicar la coherencia y el buen hacer en aquellas funciones que les han sido delegadas por la propia ciudadanía.

Desde la perspectiva del humanismo cristiano, esta crisis de coherencia y valores es, en el fondo, una crisis moral. La política, entendida como el arte de buscar el bien común, exige que el servidor público se rija por principios innegociables:

La dignidad de la persona: esto es: poner a la persona (el paciente, el alumno, el vecino) en el centro de toda decisión.

La verdad y la coherencia: honrar la palabra dada y mantener la misma postura independientemente de si se está en el gobierno o en la oposición. La doble moral («Donde dije digo, digo Diego») es una afrenta a la verdad.

El servicio humilde: concebir el poder no como un privilegio, sino como una herramienta para el servicio.

La calidad del gobierno que se tiene es, en última instancia, un reflejo de la calidad de los valores que la sociedad exige y tolera.

Por eso, desde Valores Cantabria hacemos un llamado a la clase política a la rectificación y a la valentía ética. Es hora de que los líderes recuperen los principios fundamentales de la honestidad, la transparencia y el servicio.

Pero también hacemos un llamado a la sociedad para que no caiga en el cinismo. La indiferencia es el caldo de cultivo de la corrupción y la incoherencia. Exigir coherencia, integridad y principios a nuestros representantes es el primer paso para construir una política que realmente esté a la altura de las necesidades y la dignidad del pueblo cántabro y español.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria

Secretario Nacional de Política Territorial

03/10/2025
Santander

Valores Cantabria desea alzar nuevamente la voz para denunciar uno de los ejercicios de hipocresía política (uno más, si cabe) más cínicos de lo que llevamos de legislatura en el Ayuntamiento de Laredo. La posición adoptada por la portavoz del partido Hacemos Laredo, doña Rosalina Visitación, sobre el actual proyecto del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) en Laredo, no es sólo un cambio de postura, sino una traición a la memoria histórica y un insulto a la inteligencia de los vecinos, solamente comparable a la entrevista que realizó a finales del año 2023 para un canal de Youtube del municipio y en la cual mostraba su clara y contundente oposición y la de su partido a la figura personal y política de don Miguel González, del Partido Popular, nombrado alcalde del ayuntamiento pejino, y en la cual aseguraba que era una decisión de partido mantenerse en la oposición sea cual fuera la propuesta que se le hiciera, y que quedó en entredicho cuando apenas dos meses después, a principios del año 2024, se celebraba el pacto de gobierno entre Hacemos Laredo y el Partido Popular de Laredo, así como su nombramiento como nueva concejala del consistorio.

Ayer, 2 de octubre de 2025, los medios de comunicación locales y las redes sociales se hacían eco de una declaración de Hacemos Laredo en la cual la señora Visitación se presentaba como defensora de los vecinos de Laredo y Colindres afectados por el PSIR, posicionándose en contra de un proyecto que amenaza sus terrenos y el entorno rural. Una postura que, en principio, podría parecer encomiable, si no fuera por el alarmante olvido de sus propios antecedentes políticos.

El archivo de la infamia puede consultarse en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Laredo y nos remonta al 28 de Junio de 2018. En la sesión del pleno que tuvo lugar aquel día, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), por medio de su portavoz, don Pedro Diego Hoyo, presentó una moción directamente vinculada al desarrollo del PSIR en el municipio, registrada 3 días antes, el día 25 de Junio, y en la que se solicitaba la declaración de PSIR para el nuevo polígono industrial, con un proyecto que abarcaba una estimación de 520.000 m2 de extensión.

El acta de aquel pleno deja clara la evidencia: Doña Rosalina Visitación, en aquel entonces miembro del PSOE, apoyó expresamente aquella iniciativa. No solamente ella. Dicha moción fue aprobada por unanimidad, con el voto a favor de todos los partidos representados en el ayuntamiento, a saber: PSOE (5 concejales), PRC (3 concejales), Si Se Puede Laredo (2 concejales), Partido Popular (5 concejales), Izquierda Unida (2 concejales)

Esto no es un cambio de opinión, quizá motivado por el cambio de siglas políticas; es una doble moral insostenible.

En 2018, la señora Visitación votaba y apoyaba las medidas que allanaban el camino para la implantación del PSIR.

En 2025, con el proyecto ya en marcha y la maquinaria de la expropiación activada, se erige como la defensora de los damnificados.

Este tipo de política errática y oportunista es lo que distancia a los ciudadanos de sus representantes. La excusa de que «las circunstancias han cambiado» no es válida. El concepto de PSIR, con su potencial para recalificar suelo rústico y expropiar, era el mismo entonces que ahora. Lo que ha cambiado es la necesidad de ganar réditos electorales a costa del sufrimiento de los vecinos.

Denunciamos la falta de honradez de quienes pretenden borrar con declaraciones públicas las decisiones tomadas en el pasado. Es el claro ejemplo de un político al que se le aplica el refrán con toda su crudeza: «Donde dije digo, digo Diego».

La política debe basarse en la coherencia y el respeto a la palabra dada. Exigimos a Doña Rosalina Visitación, y por extensión a Hacemos Laredo, que asuman la responsabilidad histórica de sus votos, dejen de lado la hipocresía y expliquen a los vecinos por qué apoyaron en 2018 lo mismo que hoy denuncian. La memoria histórica, en este caso, se encuentra en las actas del pleno.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

Santander, 22/’9/2025

Como cada 23 de septiembre, desde Valores alzamos la voz en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas para condenar esta forma de esclavitud moderna que avergüenza a nuestra sociedad. No es sólo un crimen, es una afrenta a la dignidad humana que exige un compromiso firme y una acción decidida.

España no vive ajena a esta realidad. Según datos del Ministerio del Interior, miles de personas, en su mayoría mujeres y niñas, son víctimas de la trata y la explotación, datos a los cuales las Naciones Unidas suman las cifras globales de un macronegocio que mueve anualmente miles de millones de euros.

Ante esta cruda realidad, nos duele profundamente el silencio cómplice que ha caracterizado el debate político. La trata no ha ocupado el lugar central que merece en la agenda pública, y ese silencio no es inocente. A menudo, como por desgracia hemos podido comprobar recientemente, está vinculado a la corrupción y al abuso de poder que se esconde en las altas esferas de gobierno. La falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y en la aplicación de la ley permiten que las redes de trata operen con total impunidad. Es un círculo vicioso en el que la falta de voluntad política para combatir la corrupción se traduce en su incapacidad de proteger a los más vulnerables.

Las causas de la explotación son multifactoriales: la pobreza extrema, la desigualdad social y la vulnerabilidad de los inmigrantes y refugiados son el caldo de cultivo perfecto. A nivel europeo, la situación es igualmente grave. Los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de Eurojust confirman que es un problema transfronterizo que afecta a todos los países miembros, tanto como destino final como de tránsito.

Las consecuencias para las víctimas son devastadoras: traumas físicos y psicológicos, enfermedades, estigmatización y la pérdida total de la libertad y la autoestima. Para nuestra sociedad, la trata de personas es una herida que nos deshumaniza a todos, mostrando nuestra incapacidad para proteger a los más vulnerables.

Desde Valores hacemos un enérgico llamado a la clase política y a la sociedad en general para combatir esta lacra. La visión del humanismo cristiano nos exige una respuesta inquebrantable. Cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, posee una dignidad intrínseca e inalienable. La trata de personas niega radicalmente esta verdad, transformando a una persona en una mercancía. Este valor fundamental nos obliga a la compasión por el vulnerable y a la solidaridad activa, a ver en cada víctima a un hermano o hermana que clama por justicia. La coherencia entre nuestros principios y nuestras acciones es un imperativo moral.

A la clase política, exigimos un compromiso real y una acción valiente. Es imperativo que se refuerce la legislación, se aumenten los recursos para la persecución de las redes criminales y se garantice la protección integral de las víctimas. La Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben contar con todo el apoyo necesario. Además, la lucha contra la trata debe ir de la mano de una batalla frontal contra la corrupción que permite su existencia.

A la sociedad en general, le recordarmos que no podemos ser meros espectadores. Debemos romper el silencio, educar sobre el problema y fomentar una cultura de denuncia. Es fundamental apoyar a las organizaciones que trabajan en la primera línea de la lucha contra la trata, y ejercer nuestro poder como ciudadanos para exigir transparencia y honestidad a nuestros líderes.

Combatir la trata de personas no es una opción, es un imperativo moral. Es hora de que España, con su clase política y su sociedad unidas, demuestre que la dignidad de cada persona es un valor innegociable.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

15/09/2025
Santander

El debate que ha surgido en las últimas semanas en torno al Plan Singular de Interés Regional (PSIR) en Laredo es más que una simple disputa local; es un reflejo de los desafíos complejos que enfrentamos en Cantabria para equilibrar el desarrollo económico con la protección de nuestro entorno y el bienestar de nuestros ciudadanos. La propuesta de recalificar suelo rústico a industrial para la implantación de una macro zona (más de 500 mil metros cuadrados, 0,50 kilómetros cuadrados, cuando el propio municipio de Laredo, ocupa 15,7 kilómetros cuadrados) de naves industriales, supone un punto de inflexión que nos debe invitar a la reflexión y, sobre todo, a la búsqueda de soluciones consensuadas.

El contexto de este PSIR no puede entenderse sin considerar la larga y conflictiva historia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laredo. Los intentos de aprobar un PGOU han estado marcados por la controversia, la especulación urbanística y la desconfianza de los vecinos. Este nuevo plan, que busca una vía rápida para la implantación industrial, corre el riesgo de repetir errores pasados, generando, como es lógico, incertidumbre, temor y, por supuesto, rechazo en la población. Por ello, la prioridad debe ser el diálogo con los propietarios afectados, escuchando sus preocupaciones y asegurando que sus derechos y propiedades sean respetados.

Por otro lado, las dudas en torno a la gestión de la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), que ha estado implicada en proyectos similares, nos recuerdan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Los vecinos temen la expropiación de sus terrenos para ser vendidos a un precio bajo, lo que resultaría en una injusta pérdida patrimonial. Este miedo es comprensible y debe ser abordado con garantías claras para no convertir la expropiación en expoliación.

Le pese a quien le pese, el modelo de desarrollo de Laredo se ha basado, especialmente en las últimas décadas, en el turismo, la belleza de su entorno y la calidad de vida que ofrece. La implantación masiva de naves industriales, con la consiguiente alteración del paisaje, el aumento del tráfico pesado y la potencial contaminación, podría comprometer la esencia misma del municipio. No se trata de oponerse al desarrollo empresarial e industrial en la zona, sino de proteger lo que hace a Laredo único. El suelo rústico no es un mero espacio vacío; es un recurso vital para la biodiversidad, la agricultura local y la salud del ecosistema.

Por otra parte, no se debe olvidar que en no pocas ocasiones, planes que prometían una gran generación de empleo y riqueza para un municipio no han cumplido ni de lejos sus objetivos, pero sus efectos se sufren y se sufrirán durante largo tiempo.

Para los vecinos el impacto será directo. La expropiación forzosa de sus terrenos causaría un profundo desarraigo emocional y financiero. Además, la proximidad de la actividad industrial afectaría negativamente su calidad de vida y el valor de sus propiedades. No debe ignorarse el hecho de que una de las posibles consecuencias de la recalificación de suelo rústico a industrial es, precisamente, la pérdida de valor del terreno recalificado.

En lo que refiere al medio ambiente, la conversión de suelo rústico a industrial es irreversible. Cemento y asfalto sellarán el terreno, fragmentando hábitats naturales y exponiendo el ecosistema a riesgos de contaminación.

Económicamente, y como ya se ha apuntado, se corre el riesgo de sacrificar un modelo económico turístico probado y de bajo impacto por una industria que podría no generar el empleo de alta calidad esperado ni integrarse en el tejido social existente.

Desde Valores creemos firmemente que existen soluciones más inteligentes, sostenibles y justas que el actual PSIR. El objetivo debe ser generar prosperidad económica y empresarial, sin destruir el patrimonio existente. Para ello, proponemos diversas alternativas que podrían estudiarse:

Reutilización del suelo industrial existente: en lugar de consumir suelo rústico virgen, es más eficaz y sostenible buscar la revitalización de zonas industriales ya degradadas en Cantabria, y existentes en el propio municipio de Laredo. Ejemplos en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, demuestran la viabilidad de la regeneración de polígonos industriales en declive. La inversión en estas áreas puede generar empleo y revitalizar infraestructuras sin causar daños adicionales al medio ambiente.

Modelos de consenso y participación: para cualquier futuro desarrollo, proponemos la creación de mesas de diálogo con los vecinos para explorar opciones como las asociaciones o cooperativas de propietarios. Esto permitiría a los dueños de los terrenos ser parte del proyecto y compartir los beneficios, en lugar de ser meros afectados por la expropiación. Es un modelo de desarrollo participativo que empodera a la ciudadanía.

Apuesta por un desarrollo coherente con el modelo de Laredo: el futuro económico de Laredo puede y debe ser compatible con su identidad. Esto implica fortalecer los sectores del turismo de calidad, la gastronomía y el comercio local. La inversión en la modernización de infraestructuras turísticas, la promoción de productos locales y el fomento de un turismo sostenible y de bajo impacto son caminos probados para generar riqueza y empleo de forma armónica con el entorno.

En conclusión, el camino a seguir no es la confrontación, sino la construcción de puentes. Hacemos un llamado a todas las partes implicadas a abandonar las posturas rígidas y a trabajar juntas por un futuro para Laredo que sea próspero, justo y, sobre todo, respetuoso con su gente y con su tierra. La grandeza de una sociedad se mide en su capacidad para encontrar soluciones que beneficien a todos, sin dejar a nadie atrás.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

18/08/2025
Santander

Los incendios forestales que están devastando la provincia de Palencia no son sólo una catástrofe natural, sino una (nueva) trágica manifestación de la falta de organización y coordinación entre las administraciones públicas en España. Mientras las llamas consumen diariamente hectáreas de bosque y, lo que es peor, siguen poniendo en jaque vidas humanas y, de paso, llevándose alguna por el camino, la sociedad es testigo, una vez más, de un lamentable, bochornoso y embarazoso espectáculo político: el juego de culpas, en este caso entre el gobierno autonómico de Castilla y León y el gobierno central. Este comportamiento, más propio de niños de guardería que de representantes políticos de la ciudadanía española, lejos de ofrecer soluciones, no hace sino agravar una crisis institucional, ética, moral y social, desviando la atención, como ocurre por desgracia habitualmente, de aquello que es en verdad relevante.

Cuando se produce una situación de emergencia nacional, la prioridad absoluta debería ser la protección de la ciudadanía y, en el caso de los incendios de Palencia, la extinción del fuego. Sin embargo, en lugar de un frente común, contemplamos a cómo nuestros líderes políticos se dedican a pasarse la pelota los unos a los otros como cuando de niños jugábamos a «balón quemado«, tratando de evitar que la pelota de la responsabilidad de la gestión y de la prevención les dé de lleno, no vaya a ser que haya que asumir algún tipo de responsabilidad o, lo que sería peor, no vaya a ser que partidos de distintos colores tengan que trabajar juntos por un bien común y pierdan votos entre sus simpatizantes. Al igual que hace un año ocurrió con la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana, y la provincia de Albacete, entre otras, mientras Palencia arde se discute quién activó la alerta, quién llegó tarde o quién tiene la responsabilidad legal… Y tras los focos, en silencio, sin quejarse, y poniendo su vida en juego día a tras día, los equipos de bomberos, las brigadas forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME) están en primera línea de batalla, haciendo lo que tienen que hacer: su trabajo sobre el terreno. Esta actitud no solo es irresponsable, sino que denota una profunda falta de liderazgo y empatía. La vida humana no puede ser objeto de disputa partidista. La sociedad no pide excusas ni repartos de culpa: exige acción coordinada, eficacia y soluciones.

En medio de esta desorganización política, es vital destacar el trabajo heroico y desinteresado de los equipos de extinción y ayuda humanitaria. Los bomberos, los agentes medioambientales y la UME están demostrado, una vez más, una profesionalidad, una valentía y una dedicación extraordinarias. Son los verdaderos héroes de esta historia, los que luchan sin importar el color político del uniforme o la bandera que les ha tocado defender.

Asímismo, y como no podía ser de otra manera, la respuesta de la ciudadanía está siendo un faro de esperanza. La solidaridad ha florecido entre los pueblos afectados y entre quienes, desde fuera, se han movilizado para ofrecer ayuda, recursos y apoyo. España ha demostrado, como siempre, que su cohesión y su capacidad de respuesta son mucho mayores que las de sus líderes políticos.

Esta tragedia nos obliga a una profunda reflexión política. ¿Por qué en un país tan avanzado como España, con recursos y tecnología, no existe un protocolo de emergencia único y eficaz que trascienda las fronteras autonómicas? La descoordinación es un problema sistémico que debe ser abordado con seriedad, y no con retórica.

En el futuro, la política debe dejar de lado las trincheras ideológicas para construir un verdadero sistema nacional de prevención y extinción de incendios. Esto implica una planificación a largo plazo, que no sólo se centre en la respuesta, sino en la gestión forestal, la prevención y la inversión en los equipos humanos y materiales. La coordinación entre los gobiernos autonómicos y el Estado no debe ser opcional, sino un imperativo.

En definitiva, los incendios de Palencia son un doloroso recordatorio de que, en política, el bienestar de la gente debe estar siempre por encima de cualquier interés partidista. El debate político no puede ser una cortina de humo que tape las carencias de gestión. Honrar a las víctimas y a los héroes de esta tragedia significa aprender de los errores y comprometernos a construir un sistema que garantice que nunca más la descoordinación política ponga en riesgo la vida de nadie.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

14/08/2025
Santander

El domingo 10 de Agosto, con motivo de la celebración de las fiestas de San Justo y Pastor, la localidad palentina de Buenavista de Valdavia rindió un sentido homenaje a las Fuerzas Armadas, reconociendo su labor y compromiso con el servicio y la defensa de España y de la sociedad española.

Durante el acto, el presidente de Valores Cantabria, José Luis Tendero, y la presidenta de Valores Castilla y León, Sofía Muñoz, que también asistió al acto en representación de Valores, tuvieron un recordatorio especial para la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español, U.M.E, haciendo entrega de una placa grabada en cristal en agradecimiento por su actuación durante la tragedia de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana, y afectó también a la provincia de Albacete y Murcia, entre otras, en Octubre de 2024.

En su discurso de agradecimiento y homenaje a las Fuerzas Armadas y a la U.M.E, Tendero, recién nombrado Secretario Nacional de Territorial de Valores, destacó la labor de «una institución que encarna como pocas en este país el servicio y la entrega desinteresada».
En un día en el que personalidades de diferentes ámbitos se dieron cita en la sede de la Asociación de Vecinos de Buenavista de Valdavia, se recordó que los hombres y mujeres del Ejército son testimonio de una «vida dedicada a servir a una sociedad y a un país» que recuerda a la ciudadanía «la profunda capacidad del ser humano para la solidaridad y para el amor al prójimo».
«Vosotros no sois solamente soldados, no sois solamente militares.. Sois nuestros ángeles de la guarda«, sentenció.

Al acto, en el que fueron homenajeados también distintas personalidades del ámbito asociativo y político, acudieron representantes del Ejército Español destinados en la Base Aérea de Villanubla que recogieron los distintos reconocimientos, alcades de diferentes municipios de Palencia y Cantabria, presidentes y miembros de distintas agrupaciones sociales de Castilla y León, y representantes de diferentes formaciones políticas.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

30/07/2025
Santander

La soberanía alimentaria es mucho más que la capacidad de un país para producir sus propios alimentos; es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando la producción local sostenible para alimentar a sus comunidades, con respeto por la diversidad cultural y ecológica. En España, un país con una rica tradición agrícola y ganadera, este concepto adquiere una relevancia fundamental en el actual contexto político y económico, especialmente ante las recientes decisiones a nivel europeo.

Históricamente, España ha sido una potencia agroalimentaria, con un sector primario que no solo garantiza nuestro abastecimiento, sino que también vertebra el mundo rural, preserva el medio ambiente y contribuye significativamente a nuestra balanza comercial. Sin embargo, la Política Agraria Común (PAC), el instrumento clave de la Unión Europea para el sector, está siendo objeto de reformas y recortes que amenazan directamente esta soberanía y la viabilidad de nuestro campo.

Recientemente, hemos asistido a propuestas de recortes significativos en el presupuesto de la PAC, que podrían oscilar entre un 15% y un 30% para el próximo marco financiero plurianual (2028-2034). Estas medidas, impulsadas en gran medida por la corriente de austeridad y reorientación presupuestaria que ha encontrado eco en el Partido Popular Europeo (PPE), tienen un impacto directo y preocupante en el sector agrícola y alimentario español:

Reducción de ayudas directas: España es uno de los principales receptores de fondos de la PAC. Un recorte de esta magnitud significará menos ayudas directas para agricultores y ganaderos, especialmente para las explotaciones familiares y las pequeñas y medianas empresas agrarias, que son el motor de nuestro medio rural. Esto pone en riesgo su rentabilidad y su capacidad para invertir en sostenibilidad o innovación.

Aumento de la dependencia exterior: al debilitar la producción local, estos recortes fomentan una mayor dependencia de las importaciones de alimentos de terceros países. Muchos de estos países tienen estándares de producción, laborales y ambientales mucho más laxos que los exigidos en la UE, lo que crea una competencia desleal y pone en riesgo la calidad y seguridad alimentaria de los consumidores europeos. Esto es un ataque directo a la soberanía alimentaria.

Encubrimiento de la sostenibilidad: aunque se argumenta que los recortes buscan una mayor «eficiencia», la realidad es que pueden socavar los objetivos de sostenibilidad ambiental. Menos financiación significa menos capacidad para que los agricultores implementen prácticas más ecológicas o se adapten al cambio climático, contradiciendo los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Despoblación rural y relevo generacional: la falta de rentabilidad y las incertidumbres económicas empujan a muchos jóvenes a abandonar el campo, agravando el problema de la despoblación rural. Si el sector primario no es atractivo ni sostenible, el relevo generacional se vuelve inviable, poniendo en peligro no solo la producción de alimentos, sino también la custodia del territorio y el mantenimiento de paisajes culturales únicos.

Presión sobre los precios para el consumidor: paradójicamente, el debilitamiento de la producción interna y la mayor dependencia de las importaciones pueden generar inestabilidad en los precios y, a la larga, un encarecimiento de la cesta de la compra para los consumidores españoles, ya que se reduce la capacidad de amortiguación de shocks externos y aumenta el poder de los grandes distribuidores e intermediarios.

La posición del Partido Popular Europeo, aunque busca priorizar la competitividad y la defensa, en la práctica, parece sacrificar la agricultura y el desarrollo regional. Es un dilema político crucial: ¿Es la política agraria un mero subsidio o es una inversión estratégica en nuestra soberanía, en nuestra seguridad y en la cohesión territorial?

Desde una perspectiva de soberanía alimentaria, la respuesta es clara: es una inversión estratégica. Una política agraria que garantice la producción local, justa y sostenible es un pilar de la autonomía nacional y regional. No podemos delegar nuestra alimentación en mercados volátiles o en productores que no respetan nuestros estándares éticos, sociales y ambientales.

Para España, la defensa de la PAC y de una financiación adecuada para su sector primario es una cuestión de Estado. Implica exigir en Bruselas un presupuesto que reconozca el valor multifuncional de la agricultura, más allá de la mera producción de commodities. Significa también implementar políticas nacionales que complementen y fortalezcan al sector, desde el fomento del relevo generacional hasta la mejora de la cadena de valor para que los agricultores reciban un precio justo por su trabajo.

En un mundo cada vez más interconectado y, a la vez, propenso a las crisis (pandemias, conflictos geopolíticos…), la soberanía alimentaria se revela como una cuestión de seguridad nacional. Depender excesivamente de terceros países para nuestra alimentación no sólo es económicamente arriesgado, sino también políticamente ingenuo.

El debate sobre los recortes de la PAC es, en esencia, un debate sobre el futuro de nuestro campo, de nuestros pueblos y de nuestra capacidad para decidir qué comemos y cómo lo producimos. Es un llamado a que los líderes políticos españoles, independientemente de su adscripción europea, defiendan con firmeza los intereses de un sector vital que no solo nos alimenta, sino que también nos define como país. La soberanía alimentaria no es un lujo; es una necesidad democrática.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

Cada 30 de julio, el Día Internacional contra la Trata de Personas nos exhorta a realizar una profunda reflexión política y social, y nos obliga a alzar la voz contra una de las más atroces violaciones de los derechos humanos en el mundo actual: la esclavitud moderna. Desde la perspectiva del humanismo cristiano, este día nos exige ir más allá de la mera condena y la simple y tradicional declaración institucional con fotografía y pancarta, y asumir un compromiso activo, ya que la trata de personas es una afrenta directa a los valores más fundamentales de nuestra fe y nuestra humanidad.

Seal cual sea su variante (explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre doméstica, mendicidad o tráfico de órganos), la trata y el comercio de personas es un cáncer que corroe nuestro tejido social desde su raiz, despojando a los individuos de su dignidad humana intrínseca, su libertad y su autonomía, reduciéndolos a meros objetos de intercambio comercial. Aquí es donde los valores del humanismo cristiano se vuelven una luz indispensable en medio de la oscuridad.

Desde la mirada del humanismo cristiano, cada ser humano es imagen y semejanza de Dios, poseyendo por lo tanto un valor incalculable y una dignidad inalienable, independientemente de su origen, condición, gnénero, edad, o cualquyier otra situación de vulnerabilidad. La trata niega radicalmente esta verdad. Transforma a una persona, un ser dotado de espíritu y propósito, en una mercancía para ser comprada, vendida y utilizada. Para el humanismo cristiano, esto no es solo un crimen, es un pecado gravísimo contra Dios y contra la propia humanidad.

La política y la sociedad tienen el deber ineludible de enfrentar esta realidad con la compasión, la justicia y la solidaridad que emanan de estos valores y principios fundamentales, y debe hacerse mediante una respuesta multifacética:

Legislar y perseguir: es fundamental contar con marcos legales robustos que tipifiquen y penalicen severamente la trata en todas sus formas. Esto implica una persecución eficaz de las redes criminales, desmantelando sus estructuras y asegurando que los perpetradores rindan cuentas por sus crímenes. La justicia no puede ser selectiva ni lenta.

Proteger a las víctimas: el enfoque debe estar en la víctima, no en su culpabilidad o en cualquier otro tipo de condición personal, social o colectiva. La política debe garantizar refugio seguro, asistencia psicológica, médica y legal, y programas de reintegración social. Desde la visión cristiana, debemos subrayar la opción preferencial por el vulnerable, y las víctimas de trata son, por excelencia, los más vulnerables.

Prevención y concienciación: la trata se nutre de la ignorancia y la desesperación. Las políticas públicas deben enfocarse en la prevención a través de la educación, aumentando la concienciación sobre los riesgos y las señales de alerta, especialmente entre los colectivos más susceptibles. Esto incluye abordar las causas profundas de la vulnerabilidad, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Cooperación internacional: la trata es un crimen transnacional. Ningún país puede combatirla solo. La cooperación policial, judicial y en inteligencia entre naciones es indispensable. El humanismo cristiano promueve la fraternidad universal, recordándonos que somos responsables los unos de los otros, más allá de las fronteras, credos, idiomas o culturas.

Al igual que a la clase política, el humanismo cristiano interpela directamente a nuestra sociedad, a nosotros, a cada uno de sus miembros:

Desarrollar la empatía: debemos cultivar una profunda empatía por las víctimas, reconociéndolas como personas heridas que necesitan nuestra ayuda, no como una simple estadística. Es necesario separar al individuo del colectivo, a la persona del número. Esto nos debe llevar necesariamente a un examen de conciencia sobre nuestros propios hábitos de consumo y sobre cómo las cadenas de suministro pueden estar alimentando la explotación.

Romper el silencio: la trata prospera en la oscuridad y el silencio. La sociedad debe ser valiente para denunciar, para visibilizar y para exigir acciones. Las comunidades cristianas, en particular, tienen la responsabilidad profética de ser la voz de los que no tienen voz.

Fomentar la solidaridad activa: más allá de la denuncia, la solidaridad nos llama a la acción concreta: apoyar a organizaciones que trabajan en primera línea, ofrecer voluntariado, o participar en campañas de sensibilización. Es un acto de amor al prójimo que se traduce en un compromiso real con la justicia.

Restauración y reintegración: la visión cristiana del perdón, la redención y la restauración nos impulsa a buscar la rehabilitación integral de las víctimas, ayudándolas a reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza, sin estigmatizarlas.

En este Día Internacional contra la Trata de Personas, la reflexión política y social desde el humanismo cristiano nos desafía a ver este crimen no sólo como un problema legal, social, político o económico, sino como una crisis moral y espiritual. Nos llama a la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Sólo cuando la política se impregne de la dignidad de cada persona, la compasión por el vulnerable, y una inquebrantable voluntad de justicia, podremos, como sociedad, acercarnos a erradicar esta forma moderna de esclavitud y restaurar la humanidad en cada persona.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

DÍA DE LAS INSTITUCIONES DE CANTABRIA: VOLVER A NUESTRAS RAICES

El 28 de Julio, día de las Instituciones de Cantabria, no es solamente una fecha para conmemorar y reflexionar sobre los cimientos de nuestra autonomía y nuestra convivencia democrática, sino también, y muy especialmente en estos momentos, una oportunidad crucial para evaluar cómo los principios y valores democráticos se están son de aplicación hoy y cómo podemos fortalecerlos frente a los desafíos actuales. En un tiempo de rápidas transformaciones y crecientes complejidades, es de vital importancia que nuestras instituciones actúen como verdaderos garantes del bienestar de todos los cántabros.

Regresar a los principios de una sociedad democrática significa, en primer lugar, reafirmar la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda del bien común. Éstos no son conceptos abstractos, palabras vacías y huecas sin significado, sino herramientas necesarias e imprescindibles para poder abordar con eficacia los problemas que afectan directamente a nuestra región.

Uno de los pilares de cualquier sociedad moderna y justa es su sanidad pública. Cantabria ha tenido, y tiene, profesionales sobradamente dedicados y un sistema de salud que ha demostrado, y sigue demostrando diariamente, su enorme capacidad de superación ante cualquier adversidad. Sin embargo, la cada vez más creciente tensión sobre los recursos, el estado de conservación y mantenimiento de los centros de salud, la carencia de profesionales sanitarios en muchas zonas de nuestro territorio, las largas e interminables listas de espera y la necesidad de modernización tecnológica y de personal son retos constantes. El día de Cantabria nos recuerda que la sanidad es un derecho fundamental, no un privilegio. Nuestros valores democráticos nos exigen una gestión que priorice la salud de todos, garantizando la equidad en el acceso y la calidad de la atención, sin dejar a nadie atrás. La inversión en sanidad no es un gasto, es una inversión en el capital humano más valioso de nuestra sociedad.

De la mano con la sanidad, la educación pública es el motor del progreso y la igualdad de oportunidades. Una educación de calidad, accesible para todos, es la clave para formar ciudadanos críticos, conscientes y capaces de construir un futuro mejor. En Cantabria, debemos asegurar que nuestras escuelas e institutos cuenten con los recursos necesarios, con un profesorado motivado y con proyectos educativos que preparen a nuestros jóvenes para los retos del siglo XXI. Los valores democráticos nos impulsan a defender una educación inclusiva, que respete la diversidad y fomente el pensamiento crítico, lejos de adoctrinamientos o sesgos que puedan dividir a nuestra sociedad.

Otro desafío apremiante en la Cantabria actual es el problema de la vivienda turística. Si bien el turismo es un motor económico vital para nuestra región, la proliferación descontrolada de viviendas de uso turístico está generando un impacto negativo directo en el acceso a la vivienda para los residentes. La especulación, el aumento de los precios del alquiler y la expulsión de vecinos de sus barrios no son compatibles con los valores de justicia social y arraigo comunitario. Las instituciones cántabras tienen el deber de encontrar un equilibrio justo, que permita el desarrollo turístico sostenible sin sacrificar el derecho a una vivienda digna para nuestros ciudadanos. Esto requiere valentía política para regular y planificar, pensando en el bienestar a largo plazo de los cántabros y no solo en el beneficio a corto plazo de unos pocos.

Finalmente, el medio ambiente representa un valor transversal y fundamental para Cantabria, una región privilegiada por su naturaleza. La protección de nuestros paisajes, nuestros recursos hídricos, nuestra biodiversidad y la lucha contra el cambio climático deben ser una prioridad innegociable. Los valores cristianos nos recuerdan la responsabilidad de ser buenos mayordomos de la creación. En el ámbito político, esto se traduce en políticas de desarrollo sostenible, fomento de energías renovables, protección de los espacios naturales, gestión responsable de residuos y una planificación urbanística que respete el entorno. El futuro de Cantabria depende de nuestra capacidad para vivir en armonía con la naturaleza, legando un patrimonio saludable a las próximas generaciones.

En el Día de las Instituciones de Cantabria, el verdadero homenaje no es sólo mirar al pasado, también es mirar hacia adelante con la determinación de actualizar y aplicar los principios democráticos. Es el momento de que nuestros líderes y nuestras instituciones demuestren que los valores de la sanidad pública universal, una educación de calidad para todos, un derecho real a la vivienda y una protección férrea del medio ambiente son los pilares sobre los que construimos una Cantabria más justa, más equitativa y más próspera para todos sus habitantes. Solo así nuestras instituciones serán verdaderamente representativas del corazón y las aspiraciones de nuestra gente.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.

24/07/2025
Santander

Con fecha 16 de Julio de 2025, la oficina del Defensor del Pueblo ha dado respuesta a la reclamación oficial y la solicitud de mediación de la institución ante la situación de abandono y degeneración que la atención sanitaria está sufriendo en Cantabria interpuesta por el presidente de Valores Cantabria, José Luis Tendero, situación que con la llegada de la época de verano, tal y como se venía alertando no solamente desde las agrupaciones y asociaciones de profesionales sanitarios, sino también desde la propia formación que preside a nivel nacional Alfonso J. Galdón, no ha hecho sino empeorar considerablemente.

En la respuesta emitida por la adjunta primera, Doña Teresa Jiménez-Becerril, se reconoce primeramente que recientemente se ha concluido una actuación de oficio con la Consejería liderada por Don César Pascual, en la que se requirió que se informase acerca de aspectos clave de la atención y gestión sanitaria, como por ejemplo los tiempos y procesos de espera y asginación / reasignación de profesional médico de referencia, la actualización de datos acerca de pacientes y usarios que no disponen de médico o pediatra asignados, entre otras.

Tras la reclamación presentada por Valores Cantabria, desde la oficina del Defensor del Pueblo han trasladado a la Consejería consideraciones relativas al impacto de la calidad asistencial que tiene el hecho de la falta de cobertura de plazas de asistencia sanitaria, la rotación de profesionales de referencia, y la prolongada situación de desatención que se vive en una gran parte de centros de salud de Cantabria.
Igualmente se ha puesto de manifiesto las consecuencias que tiene la rotación y/o sustitución de profesionales de referencia o de atención especializada en lo relativo a la calidad asistencial del paciente, seguimiento de su historia clínica, etc.

Habiendo aclarado que desde la figura del Defensor del Pueblo se atienden específicamente aquellas reclamaciones o quejas relativas a situaciones concretas de personas afectadas, desde la institución pública se ha dejado constancia de que la reclamación interpuesta por Valores Cantabria será tenida en cuenta a la hora de evaluar aquellas investigaciones que se están llevando a cabo contra la Consejería de Sanidad, así como las que puedan tener lugar en un futuro cercano.

José Luis Tendero, presidente de Valores Cantabria, ha agradecido públicamente a la oficina del Defensor del Pueblo su actuación e interés por la situación del Servicio Cántabro de Salud, y ha remarcado la importancia de no callar ante lo que ha considerado «una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigidas invariablamente hacia el mismo objetivo», tomando prestadas las palabras que figuras escritas en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, animando a la ciudadanía a que siga defendiendo aquellos derechos de los ciudadanos que son básicos y elementales, como es el caso de la sanidad pública.

José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.