Alicante, a 25 de Febrero de 2025
La Orden 1/2025 de 28 de Enero, fundamentada en la polémica Ley 1/2024 aprobada por Partido Popular y VOX, impone un sistema lingüístico arbitrario y contradictorio: para algunas especialidades resulta obligatorio el conocimiento de la lengua autonómica, el Valenciano, mientras que en otras este mismo criterio se reduce a un mero mérito adicional. Este doble rasero no solo contradice los principios de igualdad, sino que impone barreras injustificadas para los opositores originarios de otras comunidades autónomas.
Andrés Ortiz Perona, presidente de Valores Comunidad Valenciana, ha exigido al presidente de la generalitat, Carlos Mazón Guixot, y al consejero de Educación, José Antonio Rovira Jover, que actúen de manera inmediata en defensa de los derechos de los opositores de nuestra región. «No puede aceptarse que en una comunidad autónoma se establezcan criterios de baremos para participar en oposiciones de puestos públicos que estén diseñados para discriminar a los ciudadanos de otras regiones que deseen ejercer su legítimo derecho a optar a una de esas plazas. No estamos hablando únicamente de una competencia lingüística, que bien puede valorarse como un elemento adicional, pero nunca excluyente, sino de incurrir en una vulneración clara y expresa del derecho a la igualdad y al acceso a la función pública en igualdad de condiciones que viene garantizado específicamente en los artículos 14 y 28 de la Constitución Española», declaró Ortiz.
Con una cifra aproximada en 2023 de casi 7 millones de opositores a nivel nacional, de los cuales un 11,2%, alrededor de 154.000, pertenecen a la Comunidad Valenciana, tal y como refleja el informe «El Peso del Opositor en España 2023», realizado por Netquest, solamente algunos de estos son los beneficiados por estas medidas.
Valores Comunidad Valenciana desea constatar que los citados artículos 14 y 28 de nuestra Constitución establecen la igualdad de toda la ciudadanía española y el acceso a los empleos públicos en condiciones equitativas, sin que pueda mediar ningún tipo de discriminación por cualquier motivo. «Bajo la apariencia de la protección cultural, la Generalitat Valenciana a incurrido en una aberración jurídica, decidiendo, con el aval del Partido Popular y de VOX, blindar el acceso a la función pública aplicando de manera arbitraria una serie de barreras discriminatorias que perjudican a todo aquél ciudadano español que desee ejercer un derecho tan fundamental como el poder acceder a una plaza pública de empleo», ha afirmado Ortiz.
Por todo ello, Valores exige al Gobierno de la Generalitat Valenciana que tome conciencia y asuma la responsabilidad de dar marcha atrás a esta injusticia.
Asimismo, la Junta Directiva Nacional de Valores, presidida por Alfonso Galdón, decidió interponer un recursos ante el TSJ de Valencia para denunciar esta flagrante vulneración de los Derechos Fundamentales de los opositores españoles. «El sistema autonómico ha servido para crear desigualdades entre los españoles. Lejos de mejorar y facilitar la vida de los ciudadanos, se ha convertido en un cortijo de unos pocos para otros pocos. Por todo ello, vamos a denunciar, también en Europa, todos los desatinos jurídicos que se han estado legislando en los últimos años», concluyó Galdón.
Andrés Ortiz Perona
Presidente de Valores Comunidad Valenciana.
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