30/07/2025
Santander
La soberanía alimentaria es mucho más que la capacidad de un país para producir sus propios alimentos; es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando la producción local sostenible para alimentar a sus comunidades, con respeto por la diversidad cultural y ecológica. En España, un país con una rica tradición agrícola y ganadera, este concepto adquiere una relevancia fundamental en el actual contexto político y económico, especialmente ante las recientes decisiones a nivel europeo.
Históricamente, España ha sido una potencia agroalimentaria, con un sector primario que no solo garantiza nuestro abastecimiento, sino que también vertebra el mundo rural, preserva el medio ambiente y contribuye significativamente a nuestra balanza comercial. Sin embargo, la Política Agraria Común (PAC), el instrumento clave de la Unión Europea para el sector, está siendo objeto de reformas y recortes que amenazan directamente esta soberanía y la viabilidad de nuestro campo.
Recientemente, hemos asistido a propuestas de recortes significativos en el presupuesto de la PAC, que podrían oscilar entre un 15% y un 30% para el próximo marco financiero plurianual (2028-2034). Estas medidas, impulsadas en gran medida por la corriente de austeridad y reorientación presupuestaria que ha encontrado eco en el Partido Popular Europeo (PPE), tienen un impacto directo y preocupante en el sector agrícola y alimentario español:
Reducción de ayudas directas: España es uno de los principales receptores de fondos de la PAC. Un recorte de esta magnitud significará menos ayudas directas para agricultores y ganaderos, especialmente para las explotaciones familiares y las pequeñas y medianas empresas agrarias, que son el motor de nuestro medio rural. Esto pone en riesgo su rentabilidad y su capacidad para invertir en sostenibilidad o innovación.
Aumento de la dependencia exterior: al debilitar la producción local, estos recortes fomentan una mayor dependencia de las importaciones de alimentos de terceros países. Muchos de estos países tienen estándares de producción, laborales y ambientales mucho más laxos que los exigidos en la UE, lo que crea una competencia desleal y pone en riesgo la calidad y seguridad alimentaria de los consumidores europeos. Esto es un ataque directo a la soberanía alimentaria.
Encubrimiento de la sostenibilidad: aunque se argumenta que los recortes buscan una mayor «eficiencia», la realidad es que pueden socavar los objetivos de sostenibilidad ambiental. Menos financiación significa menos capacidad para que los agricultores implementen prácticas más ecológicas o se adapten al cambio climático, contradiciendo los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Despoblación rural y relevo generacional: la falta de rentabilidad y las incertidumbres económicas empujan a muchos jóvenes a abandonar el campo, agravando el problema de la despoblación rural. Si el sector primario no es atractivo ni sostenible, el relevo generacional se vuelve inviable, poniendo en peligro no solo la producción de alimentos, sino también la custodia del territorio y el mantenimiento de paisajes culturales únicos.
Presión sobre los precios para el consumidor: paradójicamente, el debilitamiento de la producción interna y la mayor dependencia de las importaciones pueden generar inestabilidad en los precios y, a la larga, un encarecimiento de la cesta de la compra para los consumidores españoles, ya que se reduce la capacidad de amortiguación de shocks externos y aumenta el poder de los grandes distribuidores e intermediarios.
La posición del Partido Popular Europeo, aunque busca priorizar la competitividad y la defensa, en la práctica, parece sacrificar la agricultura y el desarrollo regional. Es un dilema político crucial: ¿Es la política agraria un mero subsidio o es una inversión estratégica en nuestra soberanía, en nuestra seguridad y en la cohesión territorial?
Desde una perspectiva de soberanía alimentaria, la respuesta es clara: es una inversión estratégica. Una política agraria que garantice la producción local, justa y sostenible es un pilar de la autonomía nacional y regional. No podemos delegar nuestra alimentación en mercados volátiles o en productores que no respetan nuestros estándares éticos, sociales y ambientales.
Para España, la defensa de la PAC y de una financiación adecuada para su sector primario es una cuestión de Estado. Implica exigir en Bruselas un presupuesto que reconozca el valor multifuncional de la agricultura, más allá de la mera producción de commodities. Significa también implementar políticas nacionales que complementen y fortalezcan al sector, desde el fomento del relevo generacional hasta la mejora de la cadena de valor para que los agricultores reciban un precio justo por su trabajo.
En un mundo cada vez más interconectado y, a la vez, propenso a las crisis (pandemias, conflictos geopolíticos…), la soberanía alimentaria se revela como una cuestión de seguridad nacional. Depender excesivamente de terceros países para nuestra alimentación no sólo es económicamente arriesgado, sino también políticamente ingenuo.
El debate sobre los recortes de la PAC es, en esencia, un debate sobre el futuro de nuestro campo, de nuestros pueblos y de nuestra capacidad para decidir qué comemos y cómo lo producimos. Es un llamado a que los líderes políticos españoles, independientemente de su adscripción europea, defiendan con firmeza los intereses de un sector vital que no solo nos alimenta, sino que también nos define como país. La soberanía alimentaria no es un lujo; es una necesidad democrática.
José Luis Tendero Ferrer
Presidente Valores Cantabria.
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